El polémico papel de las Mutuas

El polémico papel de las mutuas

Blanca M. García / Periodista. Las mutuas parece que no tendrán finalmente capacidad de intervención en las altas y bajas laborales de incapacidad temporal (IT) por enfermedad común tras la polémica que generó esta decisión. El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de ley de mutuas, un borrador que pretendía limitar aún más los derechos de los trabajadores al otorgar a estas entidades la posibilidad de intervención por silencio administrativo. Es decir, que si hasta ahora las mutuas podían proponer el alta del trabajador al sistema público de salud pero era el médico quien tenía la última palabra –dispone de diez días para responder y, si no lo hace, se entiende que la propuesta es rechazada–, con el nuevo anteproyecto se le daba la vuelta a la tortilla: el médico tendría cinco días para contestar y, en caso de silencio, el trabajador recibiría el alta de forma automática.
Como era de esperar, los médicos del sistema nacional de salud se opusieron a esta iniciativa y, con ellos, el Ministerio de Sanidad y las consejerías de las Comunidades Autónomas, ya que este proceso obligaría a los especialistas a decidir en un periodo muy corto la incapacidad o no de un paciente. A ello se sumaría la posibilidad de obligar a una persona que sufra una enfermedad grave, o que no se encuentre en un estado de salud óptimo, a volver a su puesto de trabajo si el médico que lo atiende está ausente.
Por suerte para los trabajadores, el Ministerio de Empleo acaba de dar marcha atrás y el anteproyecto de ley de mutuas –aprobado por el Consejo de Ministros para remitirlo al Parlamento– no incluirá el llamado silencio positivo. Como alternativa, la intención es introducir ciertos cambios que modificarán el peso de los distintos actores en las bajas laborales.
Con la legislación actual, el servicio público de salud puede expedir altas, bajas y partes de confirmación de IT hasta el día 365. Por su parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene capacidad de intervención en las altas y bajas –siempre que sea el propio INSS quien haya emitido el alta–. La duración máxima de las bajas por incapacidad temporal es de 365 días, que son prorrogables 185 días más siempre que sea el INSS quien así lo decida. Esto último significa que a partir del día 365, tal y como establece la Ley 40/2007, todas las competencias pasan a ser responsabilidad del INSS. En lo que respecta a las mutuas, éstas pueden únicamente formular propuestas de alta médica tanto al servicio público de salud como al INSS. Sin embargo, el anteproyecto de ley de mutuas establece el uso de los recursos sanitarios de las mutuas, que están infrautilizados, para que sean aprovechados por los servicios públicos de salud.
El gasto que supusieron las prestaciones por IT a la Seguridad Social en 2013 fue de 5.000 millones de euros. La intención del Ejecutivo central es ahorrar cerca de 500 millones de euros con la puesta en marcha de la futura ley de mutuas.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014
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Ilustración / Alberto Cimadevilla.

 Blanca M. García / Periodista. 

Las mutuas parece que no tendrán finalmente capacidad de intervención en las altas y bajas laborales de incapacidad temporal (IT) por enfermedad común tras la polémica que generó esta decisión.

El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de ley de mutuas, un borrador que pretendía limitar aún más los derechos de los trabajadores al otorgar a estas entidades la posibilidad de intervención por silencio administrativo. Es decir, que si hasta ahora las mutuas podían proponer el alta del trabajador al sistema público de salud pero era el médico quien tenía la última palabra –dispone de diez días para responder y, si no lo hace, se entiende que la propuesta es rechazada–, con el nuevo anteproyecto se le daba la vuelta a la tortilla: el médico tendría cinco días para contestar y, en caso de silencio, el trabajador recibiría el alta de forma automática.

 Como era de esperar, los médicos del sistema nacional de salud se opusieron a esta iniciativa y, con ellos, el Ministerio de Sanidad y las consejerías de las Comunidades Autónomas, ya que este proceso obligaría a los especialistas a decidir en un periodo muy corto la incapacidad o no de un paciente. A ello se sumaría la posibilidad de obligar a una persona que sufra una enfermedad grave, o que no se encuentre en un estado de salud óptimo, a volver a su puesto de trabajo si el médico que lo atiende está ausente. 

Por suerte para los trabajadores, el Ministerio de Empleo acaba de dar marcha atrás y el anteproyecto de ley de mutuas –aprobado por el Consejo de Ministros para remitirlo al Parlamento– no incluirá el llamado silencio positivo. Como alternativa, la intención es introducir ciertos cambios que modificarán el peso de los distintos actores en las bajas laborales.

 

Con la legislación actual, el servicio público de salud puede expedir altas, bajas y partes de confirmación de IT hasta el día 365. Por su parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene capacidad de intervención en las altas y bajas –siempre que sea el propio INSS quien haya emitido el alta–. La duración máxima de las bajas por incapacidad temporal es de 365 días, que son prorrogables 185 días más siempre que sea el INSS quien así lo decida. Esto último significa que a partir del día 365, tal y como establece la Ley 40/2007, todas las competencias pasan a ser responsabilidad del INSS. En lo que respecta a las mutuas, éstas pueden únicamente formular propuestas de alta médica tanto al servicio público de salud como al INSS. Sin embargo, el anteproyecto de ley de mutuas establece el uso de los recursos sanitarios de las mutuas, que están infrautilizados, para que sean aprovechados por los servicios públicos de salud. 

El gasto que supusieron las prestaciones por IT a la Seguridad Social en 2013 fue de 5.000 millones de euros. La intención del Ejecutivo central es ahorrar cerca de 500 millones de euros con la puesta en marcha de la futura ley de mutuas. 

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014

¿Qué es la garantía de la indemnidad en el ámbito laboral?

La garantía de indemnidad en el ámbito de las relaciones laborales se traduce en la imposibilidad de tomar medidas de represalia contra el trabajador como consecuencia de haber ejercido éste alguna acción en defensa de sus derechos (SSTC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 y 38/2005, de 28 de febrero, FJ 3). 

Por ello una actuación empresarial motivada por el hecho de haberse ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derecho de los que el trabajador se creía asistido -o también actos preparatorios o previos, nedesarios para el ejercicio de la acción judicial (SSTC 16/2006, de 19 de nero, FJ 5 ; 120/2006, de 24 de abril, FJ 2 y 138/2006, de 8 de mayo, FJ 5) o actuaciones tendentes a la evitación del proceso (STC 55/2004, de 19 de abril, FJ 3)- debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por ser atentatoria contra ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos del trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo (art. 24.1 CE y art. 42 g del ET).

La garantía de indemnidad genera como consecuencia la nulidad del despido vulnerando dicho derecho toda vez que, a tenor del art. 17 ET, segundo párrafo, "serán igualmente nulas (y por ello sin efecto) las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una accción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimieneto del principio de igualdad de trato y no discriminación".

Grabar al jefe con el móvil sin su consentimiento mientras entrega una carta de despido o sanción no atenta a su intimidad

El Supremo rechaza el recurso del apoderado de una empresa que fue grabado y señala que “no supuso una intromisión ilegítima en su intimidad personal”

Autor

Comunicación Poder Judicial

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del apoderado de una empresa que quería que una trabajadora despedida le indemnizara con 3.000 euros por grabarle con el teléfono móvil sin su consentimiento, al considerar lesionado su derecho constitucional a la intimidad.
La sentencia indica que la conducta de la empleada -quien se consideraba sometida a un hostigamiento laboral continuado, incluyendo ofensas verbales y escritas- no supuso una intromisión ilegítima en la intimidad personal del apoderado, ya que en la grabación realizada por la trabajadora con su móvil no había nada que pudiera considerarse como concerniente a su vida íntima o intimidad personal, ya que él actuó como representante de la empresa y en el ejercicio de facultades disciplinarias respecto de ella, "sin que eso suponga una manifestación de su intimidad". Agrega el Supremo que la existencia de una previa situación de conflicto entre las partes añade "una nota de razonabilidad a la conducta de la demandada".
La conversación grabada se desarrolló en la puerta de la empresa en agosto de 2009, y cuando el apoderado le daba a la demandada una carta de amonestación y sanción de suspensión de empleo y sueldo.

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TS Civil 20-11-2014

El Supremo prohíbe los embargos de la Seguridad Social sobre los créditos masa de empresas concursadas una vez abierta la liquidación

Revoca la sentencia de la Audiencia de Sevilla que aprobó el embargo realizado por la Seguridad Social de activos de Astilleros de Sevilla por 1,6 millones de euros en 2012

Autor

Comunicación Poder Judicial

La Sala Civil del alto tribunal ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que aprobó el embargo realizado por la Seguridad Social, en julio de 2012, de activos de Astilleros de Sevilla S.A. por 1,6 millones de euros, que se correspondían con el importe de los créditos contra la masa devengados a su favor.

La Audiencia sevillana consideró que el nuevo artículo 84.4 de la Ley Concursal (introducido en 2011) permite la autotutela de la Administración (en este caso la Seguridad Social) para realizar ejecuciones administrativas separadas e independientes del concurso de acreedores, sin necesidad de intervención del juez del concurso, y sin sometimiento al plan de liquidación aprobado judicialmente.

El embargo en Astilleros de Sevilla se hizo después de abierta la fase de liquidación por el Juzgado, lo que ocurrió en febrero de 2012. El Supremo revoca la decisión de la Audiencia y repone la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, que alzó el embargo de la Seguridad Social. El alto tribunal indica que la interpretación correcta del artículo 84.4 de la Ley Concursal no es la literal, sino la que debe hacerse teniendo en cuenta el resto de preceptos de dicha norma, que responde a la lógica de que si el concurso entra en fase de liquidación, “haya una ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales como contra la masa”.

El Supremo recuerda que el artículo 55.1 de la misma Ley señala que, una vez declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, con las únicas excepciones de las ejecuciones administrativas o laborales sobre determinados bienes que estuvieran ya embargados antes de la declaración de concurso.